El Servicio de Registro Civil e Identificación presentó una querella criminal por el delito de estafa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción legal fue tomada luego de descubrirse la actividad ilícita de una red de falsos funcionarios que estafaban a ciudadanos extranjeros, solicitando pagos ilegales bajo la falsa promesa de regularizar su situación migratoria en Chile. Las investigaciones iniciales revelaron que los estafadores engañaban a las víctimas haciéndoles creer que eran parte del personal de una sucursal del Registro Civil en el centro de Santiago. Para supuestamente facilitar trámites migratorios, exigían a los afectados un pago en efectivo de $350 mil por persona. Ante la gravedad de los hechos, la institución emitió un comunicado oficial confirmando la presentación de la querella contra los responsables de esta actividad fraudulenta. En el texto, se enfatizó que no existen funcionarios del Registro Civil implicados en estas acciones ilegales, siendo personas externas las responsables. Asimismo, se condenó enérgicamente la manipulación y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la población migrante en Chile. El Servicio expresó su rechazo hacia aquellos que se hacen pasar por funcionarios públicos para cometer delitos, asegurando que no permitirán el uso indebido del nombre de la institución. Finalmente, se hizo un llamado preventivo a la comunidad nacional y extranjera para evitar nuevos fraudes relacionados con los servicios de identificación. Se recordó que los funcionarios solo atienden en oficinas físicas autorizadas y no realizan cobros informales fuera de las plataformas establecidas. Los precios y valores de los trámites están claramente definidos y publicados tanto en las oficinas como en el sitio web oficial del Registro Civil e Identificación. Fuente: ADN Radio Nacional
En una operación sin precedentes, cerca de las 07:30 horas de este jueves despegó el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares del gobierno del Presidente José Antonio Kast. La salida se llevó a cabo desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago. El vuelo tenía como destino Bolivia, Ecuador y Colombia, con un total de 40 extranjeros a bordo. De estos, 12 se dirigían a Bolivia, 9 a Ecuador y 19 a Colombia. El traslado se realizó en un Boeing 737 de la FACh y cada migrante estuvo acompañado por un funcionario de la PDI. Se tiene previsto que la aeronave haga una escala en Iquique para sumar más personas que serán deportadas. Según informes oficiales, todos los expulsados han cometido diversos delitos en Chile, como ingreso por pasos no habilitados, receptación de vehículos motorizados, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, daños simples y porte ilegal de armas, entre otros. El plan del Ejecutivo es llevar a cabo tres vuelos mensuales para estas expulsiones. Además, se está evaluando la posibilidad de complementar los viajes aéreos con traslados terrestres en buses. Sin embargo, se ha mencionado que los vuelos chárter representan un mayor gasto. Para financiar estas medidas, el Gobierno utilizará los $4 mil millones asignados en la Ley de Presupuestos. Este monto será destinado a cubrir los costos de expulsión durante el semestre, estimados en cerca de $3 millones por procedimiento. Hasta el momento, no se han podido concretar expulsiones hacia Venezuela debido a la falta de relaciones diplomáticas que impiden coordinar estos procesos. Fuente: Meganoticias
El Servicio de Registro Civil e Identificación presentó una querella criminal por el delito de estafa ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La acción legal fue tomada luego de descubrirse la actividad ilícita de una red de falsos funcionarios que estafaban a ciudadanos extranjeros, solicitando pagos ilegales bajo la falsa promesa de regularizar su situación migratoria en Chile. Las investigaciones iniciales revelaron que los estafadores engañaban a las víctimas haciéndoles creer que eran parte del personal de una sucursal del Registro Civil en el centro de Santiago. Para supuestamente facilitar trámites migratorios, exigían a los afectados un pago en efectivo de $350 mil por persona. Ante la gravedad de los hechos, la institución emitió un comunicado oficial confirmando la presentación de la querella contra los responsables de esta actividad fraudulenta. En el texto, se enfatizó que no existen funcionarios del Registro Civil implicados en estas acciones ilegales, siendo personas externas las responsables. Asimismo, se condenó enérgicamente la manipulación y aprovechamiento de la vulnerabilidad de la población migrante en Chile. El Servicio expresó su rechazo hacia aquellos que se hacen pasar por funcionarios públicos para cometer delitos, asegurando que no permitirán el uso indebido del nombre de la institución. Finalmente, se hizo un llamado preventivo a la comunidad nacional y extranjera para evitar nuevos fraudes relacionados con los servicios de identificación. Se recordó que los funcionarios solo atienden en oficinas físicas autorizadas y no realizan cobros informales fuera de las plataformas establecidas. Los precios y valores de los trámites están claramente definidos y publicados tanto en las oficinas como en el sitio web oficial del Registro Civil e Identificación. Fuente: ADN Radio Nacional
En una operación sin precedentes, cerca de las 07:30 horas de este jueves despegó el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares del gobierno del Presidente José Antonio Kast. La salida se llevó a cabo desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago. El vuelo tenía como destino Bolivia, Ecuador y Colombia, con un total de 40 extranjeros a bordo. De estos, 12 se dirigían a Bolivia, 9 a Ecuador y 19 a Colombia. El traslado se realizó en un Boeing 737 de la FACh y cada migrante estuvo acompañado por un funcionario de la PDI. Se tiene previsto que la aeronave haga una escala en Iquique para sumar más personas que serán deportadas. Según informes oficiales, todos los expulsados han cometido diversos delitos en Chile, como ingreso por pasos no habilitados, receptación de vehículos motorizados, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, daños simples y porte ilegal de armas, entre otros. El plan del Ejecutivo es llevar a cabo tres vuelos mensuales para estas expulsiones. Además, se está evaluando la posibilidad de complementar los viajes aéreos con traslados terrestres en buses. Sin embargo, se ha mencionado que los vuelos chárter representan un mayor gasto. Para financiar estas medidas, el Gobierno utilizará los $4 mil millones asignados en la Ley de Presupuestos. Este monto será destinado a cubrir los costos de expulsión durante el semestre, estimados en cerca de $3 millones por procedimiento. Hasta el momento, no se han podido concretar expulsiones hacia Venezuela debido a la falta de relaciones diplomáticas que impiden coordinar estos procesos. Fuente: Meganoticias
